El Estado es el principal responsable de respetar y hacer cumplir la “educación como derecho fundamental y habilitador” (UNESCO, 2015, p. 8). Además, el estado mexicano, como firmante de los tratados internacionales de derechos humanos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe velar por el cumplimiento de este derecho. En ese sentido, como señala Tomasevski (2004), “los indicadores deberán captar el grado de compromiso y capacidad de los gobiernos para traducir lo normativo a la realidad” (p. 343).

Los indicadores de acceso y trayectoria (INEE, s.f.) contemplan aquellos que permiten conocer la permanencia de los estudiantes en la escuela y su avance a lo largo de sus trayectorias escolares, así como hasta qué punto el Estado garantiza el derecho a la educación obligatoria.